El Gobierno ha mostrado sus cartas. El plan oficial para el cierre del Bloque 43-ITT ha sido revelado y muestra cuál es la intención para cumplir con la consulta popular de agosto de 2023, que determinó el fin de la actividad petrolera en la zona del Parque Nacional Yasuní, ubicado entre las provincias de Pastaza y Orellana.

La decisión de cerrar este bloque tiene implicaciones significativas.

Según el informe de impacto presentado, se proyecta una pérdida considerable en términos de ingresos petroleros, lo que afectará directamente al presupuesto del Estado.

Este cierre pone en riesgo la financiación de programas sociales y el mantenimiento de infraestructura pública, especialmente en un contexto en el que el país ya enfrenta limitaciones fiscales.

Además, el informe destaca el impacto en el empleo. El Bloque 43 ITT no solo ha sido una fuente importante de puestos de trabajo directos, sino que también ha generado empleo indirecto en sectores como la construcción, servicios y transporte. La terminación de las operaciones podría llevar a un aumento en las tasas de desempleo en las zonas afectadas, exacerbando las condiciones de pobreza y desigualdad social.

Todo apunta a un cierre progresivo.

El informe, preparado por diversos ministerios, presenta tres posibles escenarios para el cierre del bloque petrolero: el primero contempla una declinación natural que llevaría 13 años; el segundo propone una declinación anticipada de la producción en un plazo de cinco años, y el tercero anticipa esta declinación a cuatro años.

El ministro de Energía, Antonio Goncalves, ya ha señalado que serán cinco años y que el costo del proceso de desmontaje será de USD 1.400 millones, que serán amortizados en ese período.  

El primer pozo petrolero del ITT se cerró el pasado 28 de agosto.

En cuanto a todo el proceso, el documento indica que se necesitarán torres de reacondicionamiento para la instalación de varios tapones. El tiempo estimado para la intervención en cada pozo es de 14 días de operación, más un día adicional para la movilización entre pozos.

En la actualidad, de los 261 pozos existentes, 246 están perforados, con ocho en los que se han hecho varias perforaciones y uno abandonado. Además, hay seis pozos exploratorios que requieren intervención para su cierre.

Según estimaciones, el cierre completo tomaría alrededor de 7,5 años si se utilizara una sola torre de reacondicionamiento, o cinco años y cinco meses si se emplean dos torres, dependiendo del presupuesto disponible.

Este año se tiene previsto iniciar el cierre inmediato de 10 pozos dentro del plan de abandono, con la meta de completar las labores en 2024, utilizando dos torres de reacondicionamiento.

Esto último estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria asignada por el Ministerio de Finanzas, así como a las autorizaciones del Ministerio de Energía.

Más allá de los argumentos técnicos, el Gobierno busca un proceso de transición que tenga el menor impacto posible a las finanzas públicas, dentro de lo posible.

Con el cierre a cinco años se espera un impacto total de USD 3.434 millones, entre lo que el país dejará de recibir y los gastos que debe incurrir para el cierre del Bloque 43-ITT.

Mientras se concreta la para total de la operación, como lo ha mencionado Goncalves, se espera aumentar la producción en otros pozos petroleros.

El Gobierno ha revelado un plan de cinco rondas de licitación, que incluyen los bloques petroleros 16 y 67, los del suroriente, nuevas exploraciones para encontrar reservas y también la explotación de gas natural en el Glofo de Guayaquil.

Ante la falta de recursos públicos, el Gobierno espera que todos estos proyectos se concreten con capital privado. Se han estimado inversiones por cerca de USD 41.500 millones.

Por otro lado, el cierre del Bloque 43 ITT también podría ser visto como una oportunidad para reorientar la matriz económica del país hacia alternativas más sostenibles. La transición hacia energías limpias y la inversión en sectores como el turismo ecológico y la agricultura sostenible podrían mitigar los efectos negativos del cierre y, al mismo tiempo, promover un desarrollo más equilibrado y respetuoso con el medio ambiente.

No obstante, esta transición requerirá de una planificación cuidadosa y de políticas públicas coherentes, que aseguren una distribución equitativa de los beneficios económicos y sociales.

Además, será crucial contar con el apoyo de la comunidad internacional y de organismos multilaterales para financiar los proyectos de transición y mitigar el impacto del cierre.

El Banco Mundial ya ha dado luces de esta transición.

En su último reporte, la entidad ha recomendado al país enfocarse en la agricultura, la minería y el turismo.

El sector agrícola, que constituye más del 40% de las exportaciones totales y emplea a casi un tercio de la fuerza laboral, tiene el potencial de diversificarse hacia productos de mayor valor agregado y adoptar prácticas sostenibles frente al cambio climático.

Por su parte, la minería formal, siendo el cuarto mayor exportador del país, puede impulsar el desarrollo si se alinea con marcos socioambientales adecuados, además de generar más empleo en las comunidades locales.

El turismo, que actualmente representa solo el 3% del PIB y cerca del 5% del empleo, también tiene un amplio margen de crecimiento, con la capacidad de crear trabajos sostenibles a largo plazo.

Finalmente, no está del todo claro cómo quedará la imagen del país a la hora de atraer inversiones.

El cierre de un bloque petrolero no es muy común y puede ser un mensaje de inseguridad jurídica.

Pero del otro lado, la imagen de un país que quiere aportar al cambio climático, en medio de los esfuerzos de empresas de diversos sectores que van en esa vía, también puede ser un punto de partida para conseguir financiamiento para diversos proyectos, incluso canje de deuda externa, como lo ha mencionado el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega.  

Autora: Carolina Enríquez Paredes