Tras un año, la tercera ola de crisis energética llegó inevitablemente y encontró al Gobierno en una situación compleja.

A pesar de que se conocía que el país y la región soportarían una de las mayores temporadas de estiaje, las soluciones no llegaron a tiempo. Y, por esa razón, se retomaron los racionamientos de electricidad, aún en mayor proporción que los registradas durante la primera ola, en noviembre del 2023, y la segunda, en abril del 2024.

Aunque la llegada de las precipitaciones ha aliviado la situación, la dependencia actual en la generación hidroeléctrica (68%) hace prever que, en las difíciles condiciones ambientales a escala global, los problemas de abastecimiento se extenderán durante los próximos años, de no impulsarse un nuevo cambio de la matriz energética del país.

No es la primera vez que se habla de la imperiosa necesidad de avanzar hacia ello.

De hecho, en el Plan Maestro de Electricidad en el 2021 ya se proyectaba impulsar USD 2.200 millones en inversiones para Energías Renovables No Convencionales (ERNC), porque se conocía que el calentamiento global es una realidad y que no se podía confiar solo en el aporte de la generación hidroeléctrica.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) señalaba entonces que para este año iban a ingresar 220 megavatios (MW) de energía eólica, 150 MW de hidroeléctrica, 100 de fotovoltaica y 30 de biomasa. En total: 500 MW. Para el 2025 se tenía proyectado un monto similar. Y para 2026 otros 120 MW de fotovoltaica.

Todo a través de inversión pública, que también ha venido a la baja.

Por tanto, en medio de la angustia por los apagones, el Gobierno volvió la vista al sector privado para que arrimara el hombro y generara toda la energía posible.

El pasado 28 de septiembre, se tomó otra decisión. La presentación de un proyecto de Ley urgente, que ayude a solventar la situación.

A inicios de este año entró en vigor la Ley de Competitividad Energética o Ley No Más Apagones. Allí se puso un techo de 10 MW para las inversiones en generación de energía por parte de los privados.

En la nueva propuesta normativa, el presidente de la República, Daniel Noboa, plantea aumentar ese tope a 100 MW.

El proyecto de  Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables tiene como objetivo promover soluciones económicas y de generación de energía renovable, a fin de superar la crisis energética, optimizando el uso de recursos públicos asociados al sector eléctrico e incentivar la inversión privada en todo el territorio nacional.

Con los ajustes que propone, se reformará el Plan Maestro de Electricidad, para que la iniciativa privada se interese en los proyectos eléctricos y superar el actual déficit.

Adicionalmente, plantea que habrá incentivos para proyectos solares, eólicos, hidráulicos, geotérmicos y de otras fuentes limpias, que se aplicarán de manera automática. Estos se conocerán una vez que se construya el reglamento.

Una vez planteada la propuesta, la pregunta es con qué celeridad podrían multiplicarse los proyectos de esta naturaleza. Y, según especialistas y empresarios del área, la consolidación de este tipo de proyectos demorará, dadas las altas inversiones que se requieren y que no todas las empresas del país están en capacidad de financiar las iniciativas.

De ahí que la participación del sistema financiero nacional y de recursos de organismos internacionales es clave.

Uno de los más recientes casos de inversión en la instalación de energía renovable fue el de KFC, que dispuso alrededor de 400 paneles solares para nutrir de electricidad limpia a 26 de sus locales en Quito. Con una inversión de USD 2 millones ha sumado 2,5 MW. El aporte es positivo.

La primera semana de octubre, además, se conoció que con una generación de 1.640 kilovatios la empresa Surindu S. A. (planta de Nestlé Ecuador) se convirtió en la primera industria, en Guayaquil, que abastece su propia demanda energética a través de su grupo electrógeno. Así lo indicó la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

La suma de mayores inversiones será paulatina. Pero, no se debe perder de vista que  los apagones serán una constante en los próximos años.

Asimismo, hay otros problemas que deben solventarse.

Uno es el tema de las garantías de pago.

Analistas aseguran que el Gobierno prometió la conformación del Fideicomiso del Sector Eléctrico que garantizaría, entre otros, los pagos para la energía de determinados proyectos, pero hasta la fecha no se ha concluido este paso. Se está, de momento, buscando una figura alternativa que sirva de garantía y que pueda ser incorporada para impulsar a este tipo de inversiones.

El caso de la generación distribuida es otro tema a tener en cuenta. 

Todos estos elementos deberán tomarse en cuenta en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que fue designada por el Consejo Administrativo de la Legislatura para el tratamiento del proyecto de Ley.

Mientras avanza el análisis y mejoran las condiciones climáticas, el Gobierno ha pedido a las empresas que prendan sus generadores 24 horas al día. El pedido se dio luego que Colombia anunció la suspensión de la exportación de su electricidad a Ecuador; ese país, precisamente, enfrenta también los impactos del estiaje.

Asimismo, el Comité de Comercio Exterior (Comex) aplicará tarifa 0 % a los aranceles de los generadores de energía importados para uso de industrias y hogares. Se trata de una medida complementaria al establecimiento de la tarifa 0 % del impuesto al valor agregado (IVA) a estos artículos, quela decretó el presidente Daniel Noboa.

Autora: Carolina Enríquez Paredes