Aún cuando falta la aprobación del directorio, el anuncio del gobierno de un acuerdo a nivel de técnicos (staff) con el FMI para los próximos años, es una muy buena noticia para la economía ecuatoriana. 

Desde el punto de vista conceptual es buena, porque asegura un esfuerzo y un compromiso del gobierno en el mediano plazo para corregir las distorsionas de la macroeconomía, principalmente aquellas de carácter fiscal; y porque adicionalmente promueve reformas que contribuyen a la sostenibilidad del crecimiento económico y el empleo. 

Desde el punto de vista de política económica, el programa también es positivo, pues supone la apertura de fuentes de financiamiento adicionales para apoyar los programas económicos que anualmente planifica el gobierno y que se concretan en el presupuesto del Estado. 

Según lo han informado las autoridades, este acuerdo significaría la consecución de no menos de 4.500 millones de dólares para el último trimestre de este año y el 2022, contemplando los desembolsos ya comprometidos del FMI y de otros organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la CAF. Resta por conocer el financiamiento que podría obtenerse de otras fuentes tanto nacionales como internacionales. 

De ese total, en lo que resta del año se esperan dos desembolsos: uno de 800 millones en octubre y otro de 700 millones de dólares a fin de año. A estos deberían agregarse los 980 millones de DEG que el Ecuador ya recibió como partícipe del aumento del capital del FMI y que una vez convertidos en dólares (alrededor de 1.000 millones), son de libre disponibilidad del gobierno. 

Es preciso resaltar que los objetivos del programa con el FMI no contemplan exclusivamente los vinculados al equilibrio fiscal, sino también, “promover una gestión transparente de los recursos públicos, restaurar la sostenibilidad fiscal con equidad, promover el crecimiento sostenible con empleos de alta calidad .. y ampliar la asistencia social para proteger a las familias vulnerables”. 

En este sentido, se conoce que en las próximas semanas el ejecutivo enviaría a la Asamblea un proyecto de ley de reforma en varias frentes de la economía (laboral, tributario, de inversiones, etc.), que permitiría consolidar un programa económico de mediano plazo que contemple un mayor crecimiento, creación de empleo, promoción de nuevas inversiones y un gasto social robusto y focalizado en los sectores más vulnerables.  

De aprobarse en términos aceptables, luego de un debate maduro, desapasionado y técnico en la Asamblea, las reformas ayudarían a consolidar la recuperación de la economía, que es ya evidente por el crecimiento de las ventas en casi todos los sectores, luego del devastador año de la pandemia.