Dos factores hacen que el último trimestre del 2024 y el primero del 2025 se perfilen como el período más desafiante en materia económica en, al menos, los últimos cinco años: la crisis energética y las elecciones de febrero del próximo año.

En cuanto a la crisis energética, tanto el Gobierno como el sector privado buscan, por ahora, hacer un “control de daños”. Es decir, tratan de amortiguar una caída de considerables proporciones, aún incuantificable; no hay un horizonte del todo claro sobre cuánto tiempo se extenderán los cortes de electricidad, que han llegado hasta las 14 horas por día.

El presidente de la República, Daniel Noboa, ha prometido que en diciembre de este año ya no habrá apagones. Sin embargo, especialistas del sector han señalado que esta meta parece poco realista, ya que el estiaje persistirá durante estos meses y la energía termoeléctrica de emergencia comenzará a operar, paulatinamente, hasta marzo de 2025, sin cubrir por completo la brecha de hasta 1.400 megavatios de potencia que enfrenta el país.

Tanto organismos multilaterales como mercados internacionales ya están atentos a los apagones en el país. “Ecuador enfrenta una muy difícil crisis eléctrica, con la más severa sequía en décadas. La situación sigue impactando su economía y necesidades fiscales, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) todavía está evaluando”, declaró recientemente Ana Corbacho, subdirectora del multilateral para América Latina y el Caribe.

Aunque el Fondo ajustó al alza la proyección de crecimiento de Ecuador de 0,1% a 0,3%, debido a un desempeño mejor de lo previsto en el primer semestre del año, Corbacho advirtió que esa cifra podría cambiar con el impacto de la crisis energética. Dijo que el FMI necesita “más información” para realizar ajustes en su estimación.

La escasez de electricidad ha golpeado a la economía, con una contracción del 2,2% del PIB en el segundo trimestre de 2024, lo que sugiere una posible recesión a fin de año, según Barclays, banco de inversión. La entidad ya estima que el decrecimiento del 2024, como consecuencia de la crisis energética, será de 1,4%.

 Si esa cifra se hace realidad, sería la primera vez que Ecuador decrezca desde 2020, año de la pandemia de COVID-19. En ese entonces, el Producto Interno Bruto (PIB) del país se redujo en 9,2%, de acuerdo a las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). Tras el rebote de 2021, Ecuador crecía lentamente en los últimos años y rozaba el estancamiento, pero los cortes de luz amenazan con una situación compleja.

La actual crisis energética, sin embargo, podría mejorar por dos factores: un incremento en las lluvias en las zonas donde se localizan las hidroeléctricas y la reanudación de la venta de electricidad por parte de Colombia.

Aunque el gobierno de ese país ha señalado que no restablecerá el suministro hasta que mejoren las condiciones en sus embalses, Ecuador explora la posibilidad de comprar electricidad directamente al sector privado colombiano. Pero, para concretarlo, se requieren cambios regulatorios. Según información oficial, compañías del vecino país pueden proveer de hasta 300 megavatios al país.

El impacto de la situación política

En cuanto al segundo factor, las elecciones suelen generar parálisis en la inversión privada, tanto local como extranjera, mientras se esperan los resultados para entender el terreno que se pisa y planificar los próximos años.

De hecho, se espera que el acuerdo que mantiene Ecuador con el FMI se suspenda, temporalmente, tras el segundo desembolso de USD 500 millones que se realizaría en diciembre del 2024, si el Gobierno logra pasar la revisión que actualmente están realizando los funcionarios del  FMI.  

El Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF) entrará en la congeladora y el organismo buscará acercase a los candidatos más opcionados para llegar a Carondelet, con el fin de conocer sus programas económicos y obtener su compromiso de la continuidad en las políticas públicas a las que se comprometió el gobierno de Noboa.

En ese contexto, la firma del programa de Resiliencia y Sostenibilidad del FMI, que fue solicitado por el actual Gobierno y que puede dar al país unos USD 1.300 millones, quedará para el próximo gobierno. El mismo ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, ha reconocido que el préstamo podría concretarse a mediados de julio del 2025.

Los desembolsos de otros créditos atados al acuerdo con el FMI también suelen entrar en hibernación: transferencias del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina-CAF. Esto también significará una restricción de liquidez por algunos meses.   

En tanto que los inversionistas perciben una interrelación entre la crisis energética y las elecciones, los efectos de los cortes de luz serán determinantes en los comicios, según los analistas.

Esto ha incrementado el riesgo país de Ecuador hasta rozar los 1.300 puntos en las últimas semanas; es incierto quien pueda ganar la elección y si se mantendrá el plan económico del actual presidente, que ha sido percibido como “amigable con los mercados”.

¿Y la luz al final del túnel? Una recuperación podría vislumbrarse en el segundo semestre de 2025.

Barclays señala que, si la crisis energética resulta ser un shock temporal y las medidas adoptadas por las autoridades, junto con las condiciones meteorológicas, contribuyen a normalizar el suministro energético, la contracción de la actividad económica este año generaría una base que facilitaría un repunte en 2025.

Las disrupciones causadas por la pandemia entre el 2020 y el 2021 podrían servir como referencia: cuanto menor sea el PIB este año, mayor podría ser el repunte el próximo. Por tanto, el banco de inversiones estima una expansión del PIB en 2025, que podría acercarse al 3%.

Autora: Carolina Enríquez Paredes