Parte de las recomendaciones del último acuerdo alcanzado por Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a poner una mayor vigilancia sobre las actividades, tanto del sistema financiero privado (bancos) como de la Economía Popular y Solidaria (cooperativas y mutualistas)
Según el documento, hasta septiembre de este año, las autoridades deberán definir cómo se pondrá en marcha un Comité de Estabilidad Financiera. Por ahora, se conoce que este ente debe estar constituido por representantes del Banco Central, de las juntas de Política y Regulación Monetaria y Financiera, así como las superintendencias de Bancos, Economía Popular y Solidaria y Compañías y Seguro de Depósitos.
El objetivo apunta hacia un fortalecimiento de las instituciones reguladas y el apoyo a las decisiones de política pública para mantener un sistema sólido y con la liquidez necesaria.
Se busca que se incrementen las seguridades para garantizar que los recursos de millones de ecuatorianos estén cubiertos. Y, de paso, tener un mensaje claro de que la protección del esquema de dolarización es parte de toda esta estructura.
Sin embargo, la última decisión gubernamental, aprobada por la Asamblea Nacional, ha puesto presión sobre el sistema financiero privado.
Primero, con la entrada en vigencia, desde el 12 de marzo del 2024, de la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado, que estableció un impuesto temporal para la banca y las cooperativas de entre 5% y 25% sobre su utilidad gravable del 2023. A diciembre del año pasado, los bancos privados habían sumado USD 737,5 millones de ganancias netas y sobre ese valor debían pagar el impuesto.
En su momento, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca) había alertado que esta decisión presionaría sobre las cuentas de sus asociados, impactando en la capacidad de otorgar créditos a los clientes.
A mayo del 2024, según cifras de la Superintenencia de Bancos, la alerta parece tener asidero. Las utilidades de la banca se han recortado 10,5%, es decir, alrededor de USD 40 millones, respecto a mayo del 2023?
En cuanto a la cartera de créditos, los primeros segmentos en verse afectados han sido los dirigidos hacia Vivienda de interés social y público y de Educación. La Cartera de Crédito se ha contraído en 9% y 10%, respectivamente.
Aunque no son montos voluminosos, ya empieza a verse un parón.
En cuanto al resto de Carteras de Crédito (productivo, consumo, microcrédito, etc.) todavía se registran incrementos en la actividad, aunque en forma más desacelerada. De hecho, el total de la Cartera Bruta ha crecido 6,81% versus los Depósitos a la vista y plazo que han aumentado a un menor ritmo, 6,28%.
En el sector cooperativo, la situación es similar. Son 400 cooperativas y cuatro mutualistas activas, que desde el 2015 (871) se han reducido en un 53,6%.
Pese a ello, el numero de socios sigue en alza desde el 2015, tiempo en el cual han pasado de 4’073.006 a 5’565.921 en la actualidad. De ahí que a este segmento es al que más se le está prestando atención, por el impacto social que pudiera causar un problema.
De hecho, en la Asamblea, algunos legisladores, en las últimas semanas, pidieron que la mayor cantidad de información de las cooperativas, para conocer su situación real.
En cuanto al posible impacto de la Ley, el último mes se vio una contracción.
Datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria muestran que los activos de las 102 cooperativas más grandes del Ecuador alcanzaron USD 24.133 millones en abril de 2024. Es decir, un descenso del 0,1% con respecto a marzo, aunque un crecimiento del 6 % si se lo compara anualmente, a abril del 2023. Esa reducción puede ya deberse al efecto del tributo que debió empezarse a pagar a finales de ese mes. En cuanto a la cartera de créditos, esta también cayó en el orden del 0,3 %, ubicándose en USD 18.192 millones. Pero, en general, los activos entre marzo y abril cayeron 0,1%.
Fuente: Superintendencia de Bancos
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Autora: Carolina Enríquez Paredes
