Hace pocos días, el Gobierno ecuatoriano alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le significará un crédito de USD 4.000 millones, a desembolsarse en los próximos cuatro años. El éxito de la negociación era esperable, dado que detrás se encontraba parte de un equipo que ya había tenido experiencia con una negociación similar en el año 2020.
Y los resultados han sido parecidos. Entonces, la concreción del acuerdo con el FMI significó el apoyo de otros multilaterales, con lo cual la suma recibida por al país ascendió a un poco más de USD 10.000 millones. Hoy, la situación al parecer se repetirá, ya que el actual ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, ha adelantado que el programa con el FMI permitirá que el país acceda a financiamiento de otros organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas, entre otros. En total, con ese apoyo, los recursos que la economía ecuatoriana podría recibir alcanzarían los USD 12.000 millones aproximadamente.
Esta situación, a decir del Secretario de Estado, “dará liquidez y permitirá a Finanzas ponerse al día con las deudas que mantiene con la seguridad social, proveedores y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD); además de contar con los recursos para cubrir los saldos de obligaciones de años pasados.
Como contraparte, Ecuador deberá realizar una consolidación fiscal, lo que implica adoptar una combinación de medidas para reducir gastos y aumentar ingresos, equivalente al 5,5 % de su Producto Interno Bruto (PIB), es decir, unos 6.536 millones de dólares, hasta 2028. Pero en esta ocasión, el Gobierno y el FMI han decido que la mayor parte de la consolidación se dará vía mayores ingresos que recortes de gastos, a diferencia de los programas anteriores
Estas acciones tienen como objetivo que las finanzas públicas pasen de un déficit del 3,6 % del PIB (del sector público no financiero) a un superávit del 0,6 % del PIB en 2028.
El propósito de estas medidas es que Ecuador pueda volver a emitir bonos de deuda soberana en los mercados internacionales en 2025. Se prevé que el país pueda obtener unos 1.500 millones de dólares el próximo año por esta vía.
Pero una vez culminado este proceso, ¿Qué se tendrá que hacer para ajustarse a los objetivos planteados dentro del programa? El documento señala que las autoridades ecuatorianas se han comprometido a sanear las finanzas públicas e impulsar reformas estructurales para fomentar la resiliencia y el crecimiento inclusivo. Haciendo referencia al éxito alcanzado en el 2020, el nuevo acuerdo tiene como objetivos:
- Fortalecer la fiscalidad de una manera sostenible, protegiendo al mismo tiempo a los grupos vulnerables.
- Salvaguardar la dolarización y las políticas macroeconómicas.
- Reconstruir los colchones de liquidez.
- Mejorar la estabilidad e integridad financiera.
- Avanzar en la agenda de reformas estructurales para promover un crecimiento sostenible e inclusivo.
Todos estos objetivos generales, requieren unas metas, en las cuales hay dos temas especialmente sensibles. El uno, la eliminación del subsidio a los combustibles, una repetición del acuerdo del 2020, que desembocó en las fuertes manifestaciones de octubre del 2021 y que no permitieron implementar este compromiso. El otro, la necesidad de enviar a la Asamblea Nacional una nueva reforma tributaria. Esto se debe dar en un escenario complejo, donde el Ejecutivo ha perdido fuerza en el Legislativo y en medio del arranque de la carrera presidencial hacia el 2025.
Las decisiones prioritarias que Ecuador se ha comprometido a cumplir en este año son:
- Hasta septiembre del 2024: establecer un Comité de Estabilidad Financiera integrado por BCE, MEF, JPRF, JPRM, SB, SEPS, SCVS y COSEDE.
- Hasta octubre del 2024: Publicar un marco fiscal de mediano plazo actualizado, en consonancia con los objetivos del programa.
- Hasta octubre del 2024: Contar con un plan para completar el registro social para cubrir a las familias en los tres deciles más bajos del ingreso.
- Hasta ocutubre del 2024: Establecer un convenio actualizado entre el Ministerio de Economía y el IESS sobre la transferencia de obligaciones en materia de salud (incluyendo proveedores internos y externos).
- Hasta noviembre del 2024: Presentar un plan actualizado para limpiar e impedir el resurgimiento de atrasos internos del Gobierno Central, incluyendo obligaciones con el sector privado e intrapúblico.
- Hasta noviembre del 2024: Diseñar un plan para movilizar ingresos fiscales petroleros, incluso mediante la racionalización de los gastos tributarios ineficientes.
- Hasta noviembre del 2024: Emitir regulaciones macroprudenciales sobre las reservas de capital de los bancos, incluido un colchón de capital anticíclico.
- Hasta diciembre del 2024: Promulgar una regulación sobre medidas de ingresos y/o gastos para garantizar que el plan fiscal 2025 esté en línea con el programa.
- Hasta marzo del 2025: Completar las auditorías de los estados financieros de 2019 y 2020 de Petroecuador y Petroamazonas y compartir los resultados con el personal del Fondo.
Autora: Carolina Enríquez Paredes
Autora: Carolina Enríquez Paredes
