El fracaso de la concesión del campo Sacha, el más importante del país, al consorcio chino-canadiense Sinopetrol refleja la incertidumbre y falta de rumbo en el sector petrolero ecuatoriano. Este revés no solo pone en duda la estrategia del Gobierno para atraer inversión privada a la industria y la incertidumbre política por las elecciones, sino además los desafíos estructurales que enfrenta Ecuador en la gestión de sus recursos hidrocarburíferos.
La inestabilidad regulatoria, los cambios en las condiciones contractuales y la falta de continuidad en la estrategia y en la dirección del sector en su más alto nivel, han dificultado la concreción de acuerdos clave, afectando la producción y la confianza de los inversionistas en este sector prioritario para la economía ecuatoriana.
Por parte del actual Gobierno, la falta de transparencia en el proceso de licitación de Sacha no solo influyó en el resultado final, sino que también ha generado dudas sobre la conveniencia de delegar activos públicos de gran importancia a manos privadas.
En ese contexto, luce lejana la meta que se ha trazado el Gobierno de Daniel Noboa de incrementar la producción petrolera a 580 mil barriles por día (bpd) al cierre de 2025. Es decir, el bombeo de crudo debería incrementar en unos 115 mil bpd a la producción actual.
Los últimos gobiernos han establecido ambiciosas metas para incrementar la producción petrolera, pero dichas proyecciones no se han materializado. Por ejemplo, Guillermo Lasso se comprometió a alcanzar la cifra de 1 millón de barriles por día, pero ni siquiera los objetivos más conservadores han logrado cumplirse.
Organismos internacionales como el Banco Mundial, sostienen que Ecuador debe prepararse para transitar hacia una era pospetrolera. Sin embargo, el país sigue siendo uno de los más dependientes de los ingresos derivados del petróleo.
Según el estudio “Nuevos horizontes de transformación productiva en la Región Andina”, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2023, más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) depende de este sector. De hecho, Ecuador es la nación con mayor dependencia petrolera en la región andina, superando incluso el promedio de América Latina, según datos promediados durante el periodo 2015-2019.
A pesar de la alta dependencia del petróleo, el sector en Ecuador ha experimentado un deterioro gradual, pero sostenido.
Esta tendencia se refleja en la progresiva caída de la producción de crudo, que ha evidenciado un descenso significativo durante la última década. Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), la producción diaria de petróleo se redujo de 563.000 barriles en noviembre de 2014 a 469.000 barriles en marzo de 2025, lo que representa una disminución del 16,6% en ese período.
Esta situación ha repercutido no solo en la producción interna, sino también en el posicionamiento internacional del país como productor petrolero. Por ejemplo, en el ranking de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), Ecuador ocupaba la posición 27 entre los productores a nivel mundial. Sin embargo, en 2023—último año disponible—el país presentó una producción promedio de 475.000 barriles diarios, lo que lo ubicó en la posición 29, evidenciando un retroceso en su competitividad global.
Este deterioro en el sector resalta la urgente necesidad de modernizar la infraestructura, impulsar inversiones y desarrollar estrategias que fortalezcan la eficiencia operativa y eso se logra solo con inversión extranjera. Solo a través de una gestión integral y de reformas estructurales será posible revertir esta tendencia, mejorar la posición internacional y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de uno de los pilares económicos del país.
Parecía existir un consenso acerca de los pasos necesarios para transformar la industria petrolera tras el correísmo, que instauró un mayor estatismo y un control absoluto sobre este sector, al considerarlo estratégico. Sin embargo, en los tres últimos gobiernos se ha avanzado poco hacia ese modelo.
Se han anunciado grandes planes de inversión y se han lanzado procesos de adjudicación, pero en la práctica muchos de estos proyectos no se han concretado o han quedado en trámites interminables, evidenciando una desconexión entre lo anunciado y lo ejecutado. Este estancamiento subraya la urgencia de replantear estrategias y mecanismos que permitan una transformación efectiva y sostenida del sector.
Por ejemplo, el Gobierno de Daniel Noboa ha diseñado un portafolio de proyectos con el que espera atraer USD 41.500 millones en inversión privada para el sector petrolero.
La mayor apuesta está en la Ronda Suroriente, con una inversión proyectada de USD 20.000 millones, seguida de la Ronda Off Shore, con 12.000 millones y la Ronda de optimización y exploración, con 8.000 millones. A esto se suman la Ronda del bloque Amistad, con 1.200 millones, y la Ronda de los bloques petroleros 16 y 67, con 300 millones. Estos proyectos buscan incrementar la producción y modernizar la industria petrolera del país.
El éxito del plan energético de Daniel Noboa dependerá, en gran medida, de su continuidad en la Presidencia de la República, ya que la ejecución de proyectos a largo plazo requiere estabilidad política y financiamiento sostenido.
Los planes energéticos de Luisa González y Daniel Noboa reflejan enfoques diametralmente opuestos sobre el futuro del sector. González plantea una transformación estructural basada en energías renovables, movilidad sostenible e industrialización de combustibles fósiles.
Su propuesta incluye incentivos directos para la adopción de energías alternativas, el desarrollo de un tren eléctrico interprovincial y medidas para mejorar la eficiencia energética en viviendas. Además, busca recuperar la gestión pública de las hidroeléctricas, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
En contraste, Noboa prioriza la modernización de la infraestructura existente y el fortalecimiento del sector minero formal, promoviendo un marco regulatorio más sólido para atraer inversiones y combatir la minería ilegal. Su estrategia también se enfoca en la actualización de refinerías y oleoductos para mejorar la eficiencia operativa y garantizar la estabilidad de la producción petrolera. Aunque ambos candidatos reconocen la importancia de las energías limpias, sus diferencias radican en el alcance y la implementación de sus propuestas.
Mientras González apuesta por un cambio estructural con un fuerte componente social y ambiental desde el sector público, Noboa se enfoca en optimizar el sector energético tradicional con un enfoque pragmático, promoviendo inversiones privadas y regulaciones más flexibles.
La viabilidad de cada modelo dependerá no solo de su ejecución técnica, sino también del contexto político y económico que enfrente el país en los próximos años.
Autor: Carolina Enríquez Paredes
